1) Alberto, tres tipos de política criminal que consideras de estado y que no se deberían discutir sea cual sea el signo político.

Respecto a que no se pueden discutir porque son políticas de estado, esto lo matizaría de diversas formas, en primer lugar me parece que si por política de estado estamos llamando a algunos casos muy graves, en ese caso tenemos ya una definición que viene dada por las mismas competencias federales, narcotráfico en gran escala, trata de personas, criminalidad económica, violencia institucional, todo lo que de alguna manera significó la creación de las procadurias que hoy tiene especializadas el Ministerio Público Federal marcan de por sí un área preferente de preocupación sobre esos temas. Decir luego que esto signifique que no debe haber discusión en cada una de ellas acerca del modo, tipo de intensidad, la metodología que se utilizan, me parece que eso no entra dentro de la idea de políticas consolidadas por lo menos por ahora. Sí se pueden establecer algunos acuerdos tácticos o algunas razones de metodología pero todavía ni siquiera tenemos consolidada la idea de que estos son los grandes temas. Esas procadurias generaron muchas discusiones, cosa extraña, pero que tiene que ver también con el juego de privilegios de quienes gozan de impunidad. No tenemos que olvidar, que cuando hablamos de las dimensiones democráticas de derecho penal, tenemos que hacer una distinción que es central.
En cualquier fenómenos de los llamados del derecho penal, existen dos funciones, una es la función político criminal, qué, cómo, cuándo aplicamos la pena respecto de objetivos y respecto de qué prioridades, eso sí debe estar sujeto al debate democrático porque es una política pública como cualquier otra política pública.
Las garantías, aquello que tiene que ver con los límites que tiene la política criminal, que forman parte del sistema de garantías propio del derecho penal eso no está sometido al escrutinio democrático que forma parte de la base republicana y del estado de derecho de nuestra constitución y por lo tanto ello tienen un carril de sostenimiento distinto.

2) En la mayoría de tus publicaciones sobre política criminal planteas la dicotomía entre el paradigma del orden y el de la gestión de la conflictividad... Ante un gobierno de tinte conservador como el de Macri, ¿cuáles son los riesgos de las minorías?

La distinción entre los modelos de paradigma de orden, paradigma de gestión de conflictividad tiene que ver con el hecho de que no pretendamos bajo aparatos conceptuales o sistemas clasificatorios dar por saldadas discusiones de política criminal. Yo no creo en elitismo político criminal, creo que hay que dar discusiones o en última instancia dejar que los actores minoritarios sean quienes van logrando conquistas.
Por ejemplo en otras de las grandes prioridades como la violencia de género, que si bien cuantitativamente no se trata de una minoría, si se trata de una minoría en términos de situación de desventaja de los bienes sociales y ahí uno ve como en la medida en que no pensamos democráticamente la política criminal, los actores minoritarios, en este caso entre comillas, tienen la posibilidad de conseguir una mayor prioridad en la agenda pública.

3) Existe un anclaje discursivo que ata la pobreza con el delito, y ahora inmigración con delincuencia, esto se pecibe (desde diferentes aristas) desde los medios de comunicación… ¿lo que ocurre en la Argentina es un problema de pobreza o de falta de planificación?

Yo le temo mucho a los sistemas clasificatorios que encierran decisiones políticas que no son transparentes.
El caso del vinculo entre pobreza y delito lo vemos trabajando en justamente tratar de demostrar como, aun en muchos fenómenos de criminalidad
urbana tradicionalmente vinculadas a la pobreza, al robo de cosas menores como celulares, robo de vehículos u robo de otros elementos, lo que se trata ahí de marcados que son dominados por personas que nada tienen que ver con el delito y que luego tienen una gran capacidad de reclutar jóvenes que pueden estar en situación de pobreza y marginalidad y ese reclutamiento pone una zona gris entre el ofensor y la víctima, porque la capacidad de dominio que les ha marcado y dominado por gente que no tiene que ver con la pobreza es la determinante en la extensión de la actividad y a veces de la gravedad del fenómeno criminal de que se trate.

4) Existe otra dicotomía que se acrecienta en la medida en que sectores de derecha ganan terreno, es la batalla entre el progresismo y el garantismo, entre los que postulan la gestión versus el discurso ¿coincidís con ésta mirada?

Lo que yo personalmente rechazo es el discurso ineficiente, es decir, no la posición crítica, no las investigaciones críticas, no las denuncias que forman parte de una actitud que permanentemente hay que tener frente al poder penal, sino quienes tienen cierta mirada, en la cual hay una enorme discrepancia entre el plano discursivo y el plano práctico en algunos sectores académicos que ocupan el doble espacio (el espacio académico y el espacio práctico) y pretenden tener dos lógicas distintas a la hora de sostener o planes de políticas criminales o amparados en el sistema de garantías. En ese punto, muy circunscripto, te diría, que me opongo a esta esquizofrenia discursivo práctica. Los discursos están hechos para impactar sobre la práctica y la historia muestra que hay muchos discursos que han tenido mucho impacto sobre la práctica. Lo que descreo totalmente es al discurso, como recurso narcisista.

5) ¿Qué opinión te merecen la descentralización de las fuerzas de seguridad, ej.: Policía de la ciudad y policía local?

A mí me parece que en el país seguimos teniendo una enorme necesidad de reorganizar nuestro sistema policial, si somos un país federal y tenemos que ir a un sistema de policías descentralizada, tenemos que hacerlo con mayor orden. Yo creo que tenemos que ir hacia un modelo descentralizado, donde hay municipios, provincia y la federal actúe con niveles de coordinación que a su vez sean el resultado de competencias claras. Toda esta mezcla que se hace de las fuerzas federales, trabajando con menos soportes de policías locales, sin mayor orden, sin mayor planificación, generando malestares internos y problemas técnicos, impiden la especialización de las fuerzas federales, me parece que sigue acentuando el desorden y la despreocupación que es tradicional, de hace muchos años. Lo fue en el gobierno anterior, lo es en el gobierno actual, lo fue en los gobiernos anteriores. Es un sistema policial que no logramos reorganizar sobre bases claras, para luego profesionalizarlo y financiarlo adecuadamente y dotarlo de base empírica y planificación. La necesidad de actuar con sistemas policiales en mayores niveles tiene que ver con la incapacidad de manejar grandes organizaciones policiales, que finalmente imponen una lógica militar. Una gran organización, digas lo que digas, la terminas manejando con criterios de militarización. Así que en ese sentido, opino a favor de la descentralización y estoy, digamos, en contra del desorden anterior y actual sobre el problema de la descentralización

6) Yendo a otro tema, ¿Cuán necesarios son los servicios de inteligencia para el diseño de una política criminal? ¿Cómo se puede superar la interna política?

Los servicios de inteligencia cumplen una función totalmente distinta, a lo que es la política criminal ordinaria. De hecho los servicios de inteligencia para que puedan funcionar, no tienen que tener ningún tipo de función operativa, esto es algo que se esta tratando siempre de encarar, pero otra vez volvimos a un modelo en el cual la justicia trabaja de modo promiscuo con los sistemas de inteligencia, como inteligencia, la policía pone fronteras muy poco claras.
Los sistemas de inteligencia en vez de ser organismos de análisis funcionando para dar la mejor información posible, mayor alta calidad, para que luego los órganos ejecutores, sean el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público puedan actuar, no ha hecho esto sino que se ha otra vez entreverado en la ejecución, en las investigaciones policiales y todo ese desorden, solo conduce a promiscuidad, corrupción y oscuridad de los servicios de inteligencia. Desgraciadamente este es un tema que todavía hay que trabajar mucho, hemos creado la iniciativa ciudadana para el control de los servicios de inteligencia y seguimos bregando para que todo esto se pueda mejorar

7) Este año se cumplen 10 años de la sanción del Código Procesal Penal de la CABA. ¿Qué balance haces de la implementación y el desarrollo del “sistema acusatorio” en la justicia local? y ¿Qué perspectivas ves hacia el futuro y cuáles son las cuestiones que a su criterio quedan pendientes, en particular teniendo en cuenta la implementación de la transferencia de la justicia nacional?

El futuro de la Ciudad de Buenos Aires está vinculado al traspaso. La ausencia del traspaso lo que hizo fue pervertir el sistema contravencional que tiene que ser un sistema muy ágil, no con demoras o formalidades que lo acercan a la justicia penal. Los sistemas contravencionales son muy útiles para la política de seguridad y al mismo tiempo han pedido construir una justicia criminal en serio, entonces, el punto central es el traspaso. Venimos bregando por el traspaso, pero ya hemos visto como el sindicalismo judicial, no me refiero al sindicalismo de los empleados, sino al sindicalismo de los jueces, tiene una enorme capacidad de parar estos proyectos. Desgraciadamente, este gobierno, como también lo hizo el anterior y el anterior negocian con los jueces que a cambio de que estos no sean imparciales, independientes y eficientes ceden en sus reclamos corporativos que le hacen un enorme daño a la sociedad. La sociedad de magistrados tiene una enorme responsabilidad en este punto. Se presenta como una organización que responde a altos valores cuando es simplemente un sindicato de jueces que responde a las presiones corporativas de sus miembros.
En este sentido, en la medida que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires avance hacia un modelo más pleno del sistema acusatorio, de ahí en poco tiempo de traspaso va a haber que revisar algunas normas para evitar prácticas que sean un retroceso. Es importante avanzar hacia los temas mas nuevos como lo son “planificación de la persecución penal”, “mejoramiento a la calidad de las sentencias”, “juicio por jurados”, etc, me parece que va a ser una necesidad absoluta en este sentido.

8) En los últimos tiempos se ha discutido mucho el modelo de ministerio público fiscal que debe implementarse, en particular, en la justicia federal. ¿Cuáles crees que son los aspectos más relevantes de esta discusión y cuál es su opinión personal respecto del mejor modelo a construir teniendo en cuenta las particularidades de nuestra justicia?

Respecto del Ministerio Público Federal y los Ministerios Públicos en este país hay que ir hacia cuerpos profesionalizados, trabajando en equipo, que abandonen el sistema feudal, que abandonen esta lógica pasiva de estar dejándose empujar por la policía o dejándose manipular por los jueces. El Ministerio Público Federal y los otros Ministerios Públicos tienen que estar sometidos a reglas modernas de organización, de gestión eficaz de sus propios recursos, de planificación estratégica de su propia persecución penal, de capacidad de integrar el caso con una política criminal completa. Yo creo que en este sentido, es la nueva ley del Ministerio Público Federal que inexplicablemente no se implementa. Desconozco por qué una ley vigente no se puede implementar, o no se debe de implementar, eso es algo que me termina de asombrar. También pasa con la ley del Ministerio Público de la Defensa, que no son leyes que estén vinculadas al sistema acusatorio, ni dependa su aplicación de que entre en vigencia el código; esos son modelos bastantes razonables para el inicio de la puesta en marcha. Como siempre ocurre, después va a haber que modificarlos. Los Ministerios Públicos modernos todos tienen un sistema técnico de gente de carrera y un sistema político que se preocupa de la conducción de lapolítica criminal del Ministerio Público que es una constante en todos los Ministerios Públicos.